En medio de la tormenta política generada por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para separarse del cargo, mientras el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también pidió separarse. El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, uno de los señalados en la misma causa, mantiene un perfil bajo y no ha emitido declaraciones recientes sobre el caso, lo que ha sido interpretado por la oposición como un silencio elocuente. “Van cayendo”, resumen analistas ante el rápido movimiento de las piezas.
Rubén Rocha Moya, a través de un mensaje transmitido en redes, informó que solicitó licencia ante el Congreso local “para facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”. El mandatario rechazó nuevamente las imputaciones de narcotráfico y vínculos con los “Chapitos”, calificándolas de “falsas y dolosas”, pero argumentó que su separación temporal evita cualquier percepción de interferencia. El Congreso de Sinaloa deberá analizar la solicitud en las próximas horas para designar un gobernador interino.
Por su parte, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también acusado en la misma indagatoria federal estadounidense—, solicitó licencia temporal de manera casi simultánea. El Cabildo sesionó de forma extraordinaria para atender su petición. Ambos funcionarios son parte de los diez sinaloenses señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presunta conspiración para traficar drogas y proteger al cártel a cambio de sobornos.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa y uno de los imputados de mayor perfil, ha mantenido un bajo perfil tras las acusaciones. En días anteriores negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado y enmarcó los señalamientos como un “ataque a la Cuarta Transformación”. Sin embargo, desde que se intensificaron las reacciones políticas y las licencias de Rocha y Gámez, su silencio ha sido notorio. Fuentes legislativas indicaron que Inzunza pasó lista en el Senado pero evitó pronunciamientos públicos adicionales.
La oposición en Sinaloa y a nivel federal ha exigido una investigación exhaustiva y, en algunos casos, la separación definitiva de los cargos. “La justicia debe ser pronta y expedita para todos, no solo para algunos”, señalaron legisladores panistas y priistas, quienes ven en las licencias un primer paso hacia la rendición de cuentas. Morena, por su parte, ha defendido a sus militantes y califica las acusaciones como injerencia extranjera.
El caso, que involucra a un gobernador en funciones, un senador, un alcalde y altos exfuncionarios de seguridad y justicia, ha puesto en jaque la estabilidad política de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la solicitud de detención provisional de EE.UU., pero pidió más elementos de prueba antes de proceder, argumentando falta de fundamentos suficientes para la urgencia de la medida cautelar.
Mientras tanto, en las calles de Culiacán y otras ciudades del estado, la incertidumbre crece. Analistas políticos anticipan que las licencias temporales podrían extenderse o convertirse en definitivas si las investigaciones avanzan. “Van cayendo las piezas del dominó”, comentó un dirigente opositor, refiriéndose a la cadena de señalamientos que comenzó con la desclasificación de la acusación en Nueva York.