Ciudad de México. – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la FGR no autorizó de inmediato la medida cautelar porque consideró que el pedimento carece de los elementos suficientes de urgencia y prueba sólida exigidos por el Tratado de Extradición Bilateral y la ley mexicana. El doctor Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, detalló que se pedirá información complementaria para analizar el caso.
El funcionario explicó que la petición estadounidense se centra exclusivamente en una medida cautelar de detención provisional, no en un procedimiento formal de extradición. “No hay referencia, motivo, fundamento ni evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”, señaló. La FGR enfatizó que actuará con estricto apego a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Extradición Internacional y los tratados aplicables, bajo el principio de que “nada ni nadie está por encima de la ley”. Jiménez Vázquez aclaró que, si se completa el expediente, se evaluará conforme a derecho.
Esta respuesta llega días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificara una acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por supuesta conspiración para importar narcóticos a EE. UU. en alianza con los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos y protección. El embajador estadounidense Ronald Johnson había destacado la importancia de combatir la corrupción que facilita el crimen organizado. La FGR ahora busca que la autoridad requirente amplíe la documentación de forma confidencial para tomar una decisión institucional.
El titular de la fiscalía especializada subrayó que México cumplirá con sus obligaciones internacionales, pero siempre protegiendo los derechos humanos y el debido proceso. “Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos ocurridos en territorio nacional”, dijo. La solicitud estadounidense incluye a un senador, exsecretarios de estado, jefes policiacos y el alcalde de Culiacán, entre otros.
La FGR aclaró que la detención provisional solo procede si se acreditan “motivos, fundamentos y pruebas sólidas” más allá de toda duda razonable, y que la difusión pública de la información podría afectar el debido proceso. Si EE. UU. presenta la documentación completa, se avanzará en el análisis; de lo contrario, el pedimento podría no prosperar en esta etapa cautelar.
El proceso completo de extradición, si se inicia formalmente, involucraría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Poder Judicial y podría llegar hasta un juicio de amparo. Todo ello bajo el principio de reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.
La acusación estadounidense acusa a los funcionarios de haber protegido operaciones del cártel, filtrado información de operativos y permitido violencia, incluyendo secuestros y asesinatos relacionados con informantes de la DEA. Uno de los imputados enfrenta cargos adicionales por secuestros que resultaron en muerte.