Hay escándalos que estallan. Y hay otros más peligrosos: los que funcionan en silencio y están diseñados para no rendir cuentas.
Lo que hoy ocurre con los contratos de alimentos del DIF Oaxaca a cargo de Irma Bolaños Quijano pertenece a la segunda categoría. No hay todavía imágenes virales de comida podrida ni crisis sanitaria documentada en titulares nacionales.
Pero hay algo más profundo -y más grave-: un entramado de contratos públicos, empresas vinculadas y opacidad sistemática que convierte la asistencia social en un circuito cerrado de dinero.
Las empresas Grupo Cimarron y su filial Comercializadora Don Cacahuato, propiedad de la familia Cuéllar, han sido señaladas por formar parte de lo que el periodismo de investigación denomina el “Cártel de los Alimentos”.
Este término no se refiere a narcotráfico, sino a un grupo de proveedores que presuntamente acaparan contratos millonarios mediante licitaciones amañadas, sobreprecios y redes de influencias políticas.
Los números son el primer golpe.
Entre 2023 y 2025, el DIF Oaxaca ha canalizado más de $2,444 millones de pesos en contratos de suministro alimentario hacia un mismo grupo empresarial. No es una estimación: son montos que aparecen en registros oficiales, licitaciones y documentos de transparencia.
Solo en 2023, Comercializadora Don Cacahuato S. de R.L. de C.V., recibió alrededor de $788 millones de pesos. En 2024, los contratos combinados con Comercializadora Ingeborg S.A. de C.V., alcanzaron $767 millones. Para 2025, la cifra escaló a $888 millones adicionales.
En total: más de dos mil cuatrocientos millones de pesos en apenas tres años. Pero el problema no es solo el dinero. Es cómo se distribuye.
Las dos empresas que concentran estos contratos no son competidoras reales. Comparten estructura, comparten operador y, en los hechos, comparten intereses. El nombre clave es Teodoro Octavio Martínez Ruiz, quien figura como administrador único de Ingeborg y representante legal de Don Cacahuato. Es decir: dos razones sociales distintas, un mismo control.
Esto tiene implicaciones directas sobre las licitaciones.
Procesos como la LPN-SA-SD-0075-04/2024, destinados a la “adquisición de productos alimenticios con reparto incluido”, cumplen formalmente con los requisitos legales. Hay convocatorias, juntas de aclaración, apertura de propuestas. Todo en regla. Pero cuando las empresas participantes están vinculadas entre sí, la competencia se vuelve una simulación.
No se compite para ganar. Se compite para legitimar al ganador. El resultado es un esquema donde el Estado aparenta licitar, mientras en la práctica concentra.
Los contratos lo confirman. En registros de la Secretaría de Finanzas aparecen claves como 10/CONTRATO/2024 y 11/CONTRATO/2024, firmados en mayo de ese año, donde ambas empresas resultan beneficiadas. No es un evento aislado: es una constante que se repite desde al menos 2023.
Y, sin embargo, cuando se intenta seguir el rastro completo, la información comienza a desvanecerse.
El RFC de Comercializadora Ingeborg (CIN110811RZ4) es público y verificable en el padrón de proveedores del estado. Pero el de Don Cacahuato no aparece con la misma claridad en los registros abiertos. Para una empresa que ha recibido cientos de millones de pesos, esta ausencia no es técnica: es estructural.
Los domicilios fiscales tampoco están plenamente transparentados en los documentos clave. Los nombres de los funcionarios que firman los contratos rara vez aparecen completos en las versiones públicas. Las firmas existen, pero muchas veces están en anexos no digitalizados o en formatos inaccesibles.
La opacidad aquí no es un accidente. Es un diseño.
DIF Estatal Oaxaca (2025)
En Oaxaca, la gestión de las contrataciones se realiza principalmente a través de la Secretaría de Administración. Los registros muestran movimientos importantes en el segundo y tercer trimestre de 2025:
• Contrato 32/CONTRATO/2025: Adquisición de insumos diversos para las “Casas Oaxaca”. Adjudicado a Comercializadora de Bienes y Servicios Yabek, S.A. de C.V. por un monto de $248,796.10.
• Contrato 51/CONTRATO/2025: Insumos para el programa de alimentación “Oaxaca (PSBC 2025)”. Adjudicado a Demetrio Aquino Hernández por un monto de $13,990,179.06.
• Licitación IAE-SA-SD-0019-06/2025: Servicio integral para los informes semestrales del Sistema DIF Oaxaca.
• Licitación IAE-SA-SD-0029-09/2025: Adquisición de bienes para apoyos a población en condiciones de emergencia.
• Equipamiento Casa Pato: Licitación para productos e insumos destinados al centro de asistencia social “Casa Pato”.
• Programas Atendidos: Los contratos cubren principalmente:
• Desayunos Escolares (Fríos y Calientes).
• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
• Cocinas Comedor-Comunitarias.
De todos estos contratos, al indagar, encontramos información fragmentada -un PDF, por un lado, un Excel por otro, anexos incompletos- se dificulta reconstruir la cadena de responsabilidad. ¿Quién autorizó? ¿Quién evaluó? ¿Quién firmó?
Las respuestas no desaparecen, pero se vuelven deliberadamente difíciles de encontrar. Aun así, la estructura institucional es clara.
Los contratos del DIF Oaxaca pasan por áreas específicas: direcciones administrativas, comités de adquisiciones, unidades de recursos materiales. Y, en última instancia, responden a una cabeza política.
El gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, no puede alegar desconocimiento frente a montos de esta magnitud ni frente a la continuidad de los mismos proveedores año tras año, los mismos que tenía su enemigo acérrimo el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa y que hoy conserva el actual Mandatario estatal.
¿Cuál cambio? Y aquí la pregunta para Jara Cruz no es si sabía. Es por qué lo permitió. ¿Por qué permite el mismo esquema de corrupción que tanto le ha criticado a su antecesor?
Más aún cuando las empresas involucradas no son ajenas a la polémica. En otros estados, como Morelos han sido señaladas por irregularidades que incluyen sobreprecios y esquemas de “despensas fantasmas”.
No se trata de sentencias judiciales definitivas, pero sí de antecedentes suficientes para exigir un nivel de escrutinio mucho mayor. Pero en Oaxaca, ese escrutinio no aparece.
No hay -hasta ahora- sanciones públicas de COFEPRIS relacionadas con la calidad de los alimentos. Tampoco hay recomendaciones formales contundentes de organismos de derechos humanos sobre este tema específico. Pero reducir el problema a la ausencia de sanciones sanitarias sería perder el punto central.
Porque el verdadero problema no es lo que ya se comprobó, sino lo que el sistema permite.
Cuando hay concentración de contratos, empresas vinculadas, antecedentes cuestionables y falta de transparencia en la ejecución, el riesgo deja de ser hipotético. Se vuelve estructural. Y ese riesgo recae sobre la población más vulnerable.
Los alimentos que se compran con estos contratos no son para un mercado competitivo ni para consumidores con capacidad de elegir. Son para albergues, comedores comunitarios, espacios donde niñas, niños, migrantes y adultos mayores dependen completamente del Estado para alimentarse.
Ahí no hay margen de error.
Si hay sobreprecio, se desperdicia recurso público. Si hay desvío, alguien deja de comer.
Si hay mala calidad, alguien se enferma. Así de simple.
Por eso resulta insuficiente, incluso ingenuo, esperar a que aparezca una crisis visible para actuar. El escándalo no debería ser el punto de partida, sino la última advertencia. Aquí, las señales ya están.
Contratos millonarios concentrados en un mismo grupo. Empresas que simulan competir entre sí. Información pública incompleta o fragmentada. Funcionarios que firman sin exposición clara. Antecedentes de irregularidades fuera del estado. Todo dentro de un sistema de asistencia social.
La conclusión es incómoda, pero inevitable:
No estamos frente a una falla aislada ni a un proveedor cuestionable. Estamos frente a un modelo de contratación que, por su diseño, prioriza la opacidad sobre la rendición de cuentas.
Un modelo donde el dinero fluye con precisión, pero la información no. Y en ese vacío, lo que está en juego no es solo el presupuesto. Es la dignidad de quienes dependen de él para comer.
El problema no es que falte información. Es que la información que existe ya es suficiente para encender todas las alarmas… y aun así, nada cambia.
Porque cuando un sistema permite que miles de millones de pesos se concentren en un mismo grupo empresarial, cuando las licitaciones se convierten en simulación, cuando los nombres de los responsables se diluyen entre documentos incompletos y anexos invisibles, ya no estamos frente a irregularidades: estamos frente a una forma de gobierno.
Aquí no hace falta esperar a que alguien se intoxique para hablar de crisis. La crisis es que el mecanismo ya está armado para fallar sin consecuencias. Que el dinero público circula con eficiencia, pero la rendición de cuentas no. Que los más vulnerables dependen de un sistema que no puede, o no quiere, garantizar ni siquiera lo más básico.
Y eso es lo verdaderamente inaceptable. Porque al final, el escándalo no será cuando aparezca la prueba de alimentos en mal estado.
El verdadero escándalo es que, viendo todo esto, todavía tengamos que esperar a que ocurra, como sucedió con la lamentable muerte de dos niñas haitianas justo en Casa “Pato”. Y no pasó nada. Las y los responsables siguen en sus cargos.
DE COLOFÓN:
Hijas de Jara ahora aborrecen al argentino
Oigan, ver para creer.
Después de tenerlo como lo máximo en marketing y un “fregonazo” para levantar la imagen de cualquier político, pero además bastante elitistas al pensar que, por ser de origen argentino, son mejores que los mexicanos, menudo chasco se llevaron las hijas del gobernador Salomón Jara con el insufrible René Palacios.
No lo pueden ni ver. Porque resulta que el argentino vendedor de espejitos resultó más listo que ellas, al traer varios negocios con las mismas funcionarias del gabinete jarista.
Sin contar con permiso para laborar en el país, esto está súper corroborado con las autoridades de Relaciones Exteriores, René Palacios que sigue siendo de los muy cercanos a Jara Cruz, se ha dedicado, ahora, a venderle sus servicios a algunas funcionarias que aspiran a la gubernatura de Oaxaca, caso concreto Saymi Pineda y Vilma Martínez, a la primera sí le logró cambiar la imagen física y su forma de vestir, pero no así el lenguaje.
Y a la ex edil de Tehuantepec no ha podido ni con su imagen ni con su léxico, pero mientras ya le vendió sus servicios. Me dicen que quien de plano le dijo al argentino que no manejaba millones para comprarle el marketing fue Juanita Cruz Cruz, porque en la dependencia que maneja el Instituto de Planeación para el Bienestar no hay tanto presupuesto para una campaña de esa naturaleza.
¡Qué tal con el argentino!, salió más listo que las hijas de Salomón Jara. Por eso lo tienen relegado del círculo cercano familiar.
Lo peor, es que el gobernador Jara no les cree que su vocero (en los hechos) le ve la cara haciendo billetes con sus propias funcionarias y ha respondido que es falso y son grillas cada que se lo comentan.
Ni hablar.
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