A 16 años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el Congreso Nacional Indígena (CNI) exigió justicia para la activista y para el observador de derechos humanos de origen finlandés, asesinados en San Juan Copala, región triqui de Oaxaca, durante una emboscada a una caravana humanitaria, al tiempo que reiteró que defender la tierra y el territorio en México es una “condena” a muerte.
El CNI sentenció que lejos de una investigación que haya llevado a un castigo contra los responsables de los asesinatos, la región de la Mixteca de Oaxaca continúa bajo amenazas de productos extractivos, que avanzan sin el consentimiento de los pueblos.
Al momento de su muerte, Bety Cariño era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus).
“Han pasado 16 años desde que arrebataron la vida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, y el tiempo no ha sido suficiente para cerrar la herida ni para alcanzar la justicia. Sus nombres siguen latiendo en la memoria de los pueblos que no se resignan a la muerte impuesta por la guerra. No son un eco perdido en la nada: son presencia viva que camina en cada lucha por la dignidad y contra el olvido”, afirmó el CNI a través de un comunicado.
“Ambos fueron asesinados en un contexto de violencia que no ha cesado, en un país donde defender la vida, el territorio y los derechos sigue siendo una condena”, criticó el organismo.
Sostuvo que la tierra de Bety, en la Mixteca, continúa bajo amenaza por proyectos extractivos, particularmente la minería, “que avanza sobre territorios indígenas sin el consentimiento de los pueblos”.
“Bajo discursos de desarrollo o transición energética, se siguen imponiendo concesiones que vulneran la libre determinación y rompen el tejido comunitario”, añadió.
Condenó que lo ocurrido hace 16 años no es un hecho aislado, pues el extractivismo sigue generando violencia, despojo e impunidad.
“Hoy, sus ausencias se entrelazan con otras: con las voces de las madres buscadoras que recorren caminos de tierra y silencio, con las familias que escarban la tierra buscando lo que el Estado se ha negado a encontrar, porque el amor es más grande que el dolor, más grande que la muerte y la desesperanza, y con los nombres de quienes han sido asesinados por defender el agua, la tierra y la vida frente al despojo”.
El Congreso Nacional Indígena sostuvo que México se ha convertido en un territorio donde la memoria “es resistencia” y donde la justicia se aplaza, se diluye o se niega para sostener el ciclo permanente de la impunidad.
“Donde las víctimas son obligadas a hacer la búsqueda que le corresponde al Estado”.
Y cuestionó: ¿Dónde está la justicia para Bety y Jyri?, ¿dónde están las garantías para quienes hoy defienden la vida, ¿hasta cuándo la impunidad será la norma?.
El CNI demandó “verdad y justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola”, así como alto a la violencia contra personas defensoras del territorio y los derechos humanos, la cancelación de concesiones mineras en sus territorios y reconocimiento y protección real para las madres buscadoras.
Asimismo, fin a la impunidad que “cobija a los responsables materiales e intelectuales” y alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo.
“No es solo un crimen del pasado: es una herida abierta que dialoga con el presente.
Es la misma violencia que hoy golpea a las madres que buscan a sus hijas e hijos, la misma que amenaza y asesina a quienes defienden sus territorios, la misma que intenta sembrar miedo donde florece la organización y se levanta la palabra”, reiteró.