Habitantes de las comunidades de La Loma y Los Valles, pertenecientes a San Juan Mazatlán Mixe, instalaron un plantón indefinido en el corredor del Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña.
Los manifestantes denuncian que la administración estatal ha realizado una “simulación” de ayuda tras el conflicto agrario y violento con Santo Domingo Petapa, el cual ha dejado un saldo de cinco personas asesinadas y el desplazamiento forzado de cientos de familias que hoy temen por su vida y exigen garantías de seguridad.
El presidente comunitario, Carvido Epitacio Feliciano, lanzó un ultimátum de 12 horas a las autoridades para ofrecer una solución concreta que garantice el regreso de los desplazados a sus hogares.
De lo contrario, advirtió que las comunidades podrían radicalizar sus protestas mediante la quema de unidades de transporte público y el derribo de árboles en el Zócalo, al señalar que la falta de atención real los está empujando a recurrir a una “violencia no necesaria” ante la desesperación de vivir en el desamparo.
La representación comunitaria expuso que el gobierno ha engañado a las víctimas con brigadas médicas que no cuentan con medicamentos y despensas insuficientes que pretendían cubrir las necesidades de un mes.
En total, son alrededor de 600 personas, incluyendo a unos 150 menores de edad que han perdido el ciclo escolar, quienes exigen el desarme de los grupos armados en la zona y la intervención directa de los niveles estatal y federal para frenar la crisis humanitaria que padecen desde hace casi dos meses.
La raíz de esta confrontación es una disputa histórica por la posesión de tierras, la cual se ha intensificado recientemente debido a intereses particulares y la construcción de un camino artesanal en la zona.
Aunque existía un acuerdo previo entre ambas partes para resolver las diferencias por la vía legal ante los tribunales agrarios, los pobladores de San Juan Mazatlán denuncian que Santo Domingo Petapa rompió dicho pacto mediante el uso de grupos armados, quienes mantienen bajo amenazas la región y bloquean los accesos para impedir el desarrollo de obras y el libre tránsito.
