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Christian Martínez Olivera
Para todo aquel que conoce el Istmo de Tehuantepec sabe que Juchitán de Zaragoza es uno de los municipios más importantes de la región, tanto por su dinámica económica, potencial cultural, así como por su historia y simbolismo. Pero también, por su ubicación estratégica en el proceso de consolidación de las actividades del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, desde el año 2019 se documentaría una transformación negativa en la dinámica territorial y social en este municipio istmeño.
De acuerdo con datos de la asociación Misión Civil de Observación Internacional, integrada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, fenómenos como desplazamiento forzado, desapariciones, homicidios, extorsión y ataques directos en contra de defensores comunitarios han sido una constante en Juchitán y en gran parte de la región del Istmo de Tehuantepec.
En este contexto, en Juchitán de Zaragoza resaltan dos sucesos que confirman un antes y un después de la presencia de organizaciones criminales en este territorio.
En primer lugar, el 16 de junio del 2025, producto de la detención de integrantes de una célula delictiva vinculada al “comandante cromo”, se realizaron diversas acciones delictivas como presunta represalia, como, la quema de tiendas Oxxo y de vehículos.
En segundo lugar, la reciente jornada de violencia a nivel nacional del pasado 22 de febrero, consecuencia del abatimiento del líder del CJNG, “El mencho”, también registró acciones en Juchitán, con la quema de entre 10 y 14 vehículos y diversos bloqueos, provocando cierre de negocios, suspensión de clases, así como el pánico entre la población.
Ambas acciones confirman que, a diferencia de lo dicho por el Fiscal General de Oaxaca, las células del CJNG no son ni pequeñas, ni buscan el control de la región, porque ante los sucesos descritos se deduce que ya lo tienen.
No obstante, si lo anterior no es suficiente para argumentar que existe una clara debilidad institucional del gobierno municipal ante su nula efectividad de proveer de condiciones mínimas de seguridad pública, últimamente se han registrado acciones que deberían de prender las alarmas no solo en el (des) gobierno de Salomón Jara, sino también en la oficina de Omar García Harfuch.Recientemente se registraron un ataque a la vivienda de una familia, resultando una mujer sin vida, y tres más con heridas graves, entre éstas una menor. Un día antes, en pleno festival de primavera del preescolar “Luz María Serra del Romero”, se registraría una balacera al interior de dicho kínder, dejando un muerto, y causando pánico en la comunidad.
Estos datos no son menores. De acuerdo con investigaciones especializadas en materia de seguridad pública, como “Historia de la seguridad pública en México” del Maestro Gabriel Ordorica, cuando la violencia de una región afecta de manera directa a la población más vulnerable, como las niñas y niños, se entra en la fase de la impunidad y confianza ante la pérdida del Estado de Derecho.
Sin dejar de mencionar el desplome de la economía en este municipio. De acuerdo con datos del Grupo Empresarial y Comercial del Istmo, a 19 de marzo, se estima el cierre del 15% de establecimientos comerciales en Juchitán. Producto de la escalada de extorsiones y amenazas que han dejado a los comerciantes sin garantías mínimas para operar. Además, que, ante el clima de inseguridad, no sólo en Juchitán, sino también en gran parte de la región del Istmo de Tehuantepec, estiman una reducción del 30% en sus ingresos, y un 40% de pérdidas ante la cancelación y reducción de horarios de servicio de rutas de transporte.
Llegados a este punto es preciso cuestionarse, ¿cuándo iniciará el proceso para la desaparición de poderes en Juchitán? Porque en Oaxaca decisiones de este tipo han se ha registrado recientemente.
En junio del 2025, el Congreso estatal aprobó la desaparición de poderes en Zapotitlán de las Palmas, suspendiendo al Ayuntamiento electo para el periodo 2023-2025, esta decisión se justificó al señalar un vacío de autoridad e ingobernabilidad, lo que generó un conflicto social y político, derivando en acusaciones de desvío de recursos, violencia política de razón de género e inestabilidad en el municipio.
Un mes después, en julio de ese mismo año, se aprobaría la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de San Mateo Piñas, consecuencia del asesinato de la presidenta municipal, y la renuncia masiva de los concejales por temor, así como de las amenazas para pobladores de la comunidad.
Y, el más reciente suceso, registrado en marzo de este año en San Agustín Amatengo, donde también se concretó la desaparición de poderes, derivado de un análisis jurídico en el cual se determinó que en el municipio se generó un escenario de ingobernabilidad que imposibilita el funcionamiento del Ayuntamiento para la gestionar los servicios públicos esenciales como el suministro de agua potable, la atención médica y acciones seguridad pública.
En otras palabras, se cuenta con los antecedentes para proceder, aunque claro, la situación en Juchitán es distinta.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva por municipio en el 2025 registró 975 delitos para Juchitán, mientras que para San Mateo Piñas fueron 8, San Agustín Amatengo con 18 y, 17 en Zapotitlán de las Palmas. Al cierre de febrero del 2026 se contabilizan 142 delitos en Juchitán, 4 en San Agustín Amatengo, 2 en Zapotitlán de las Palmas, y 1 en San Mateo Piñas. Cabe señalar que, de marzo del 2025 a febrero del 2026, Juchitán se ubica entre los 50 municipios más inseguros de México, con la posición número 29Recordando un poco de qué trata la desaparición de poderes municipales, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las legislaturas estatales para suspender ayuntamientos, declarar la desaparición de poderes municipales cuyas causas deben estar fundamentadas en causas graves que la ley local establezca.
Al respecto, en el artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca, en la fracción II se establece como causa grave para la desaparición de un ayuntamiento: poner en riesgo la vida, salud, dignidad o la violación reiterada por parte del Ayuntamiento de los Derechos Humanos y las garantías de sus habitantes, consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En conjunto, y tomando en cuenta todo lo anteriormente señalado, se generan diversas interrogantes, ¿qué otros datos o sucesos esperan los integrantes del Congreso del estado de Oaxaca para iniciar con los procedimientos de desaparición de poderes en Juchitán?
¿Será acaso que el ambiente de inseguridad pública y de violencia, constante y documentada, no es suficiente causa grave, según lo previsto en la ley, para los integrantes del Congreso del estado de Oaxaca?
¿Cuántas muertes más tienen que contabilizarse para entender la gravedad de la situación en Juchitán y en gran parte de la región del Istmo de Tehuantepec?En diversas mesas de análisis se denomina que Juchitán es la Sinaloa del sureste.
Desafortunadamente, lo sucedido en Juchitán tan sólo es el reflejo del contexto de inseguridad pública que se vive en el estado. De acuerdo con el informe del SESNSP publicado el 20 de marzo del 2026, con un corte al 28 de febrero del 2026 el estado de Oaxaca registra que la incidencia del fuero común pasó de 2,188 delitos para enero del 2026 a 2,204 en febrero del 2026.El homicidio doloso, al cierre de febrero del 2026, con 72 sucesos posiciona a Oaxaca en la posición número 8, es decir, se encuentra entre las 10 entidades con mayor número de casos de este tipo.
En comparación con el año anterior y en el mismo periodo, en este mismo rubro, Oaxaca registró 31 homicidios, ubicando a la entidad en el lugar 17. Es decir, en el transcurso de un año, se registró un aumento del 132.25%. Es importante destacar que se omite la comparación de la tasa por cada 100 mil habitantes porque, desde el punto de vista estadístico, presenta una desventaja significativa relacionada con la falta de detalle contextual y la distorsión en poblaciones pequeñas.En función de los datos aquí presentados, así como de los sucesos de conocimiento público, se infiere que el gobierno estatal de Oaxaca está rebasado por la delincuencia, siendo un gobierno fallido o demostrando complicidad. Porque a pesar del anuncio de coordinación con instituciones federales para temas de seguridad pública, se tiene un antecedente reciente denominado como “Operación Sable” que, en función de los sucesos posteriores a su implementación, permiten deducir que terminó incrementando la incidencia delictiva, algunos lo llaman operación cuchillito de palo.
Finalmente, es triste la situación para los hermanos juchitecos. Pueblo que peleó y venció a los franceses, que era el ejército más temido en el mundo en esos tiempos, y ahora no puede detener su empobrecimiento económico e inestabilidad social. No queda duda que se necesita un cambio en el gobierno municipal de Juchitán a la altura de las necesidades actuales.
