La Plaza Cívica 28 de Julio en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue escenario este sábado 28 de junio de un hito histórico cuando, por primera vez, la bandera de la diversidad fue izada como parte de las celebraciones del Mes del Orgullo LGBT+.
El acto, organizado colectivos, buscó visibilizar y honrar los derechos de la comunidad LGBT+, generando gran emoción entre cientos de asistentes que se reunieron para presenciar el momento, acompañado de música y mensajes de inclusión. Este evento se suma a iniciativas previas del municipio, como la marcha del orgullo y la creación de una Dirección de Diversidad Sexual, consolidando a Playa del Carmen como un destino incluyente.
Sin embargo, la decisión ha desatado controversia legal. Algunos sectores, incluidos grupos religiosos y ciudadanos conservadores, se manifestaron en contra, argumentando que el izamiento de una bandera distinta a la nacional en un asta oficial municipal vulnera la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El artículo 54 de esta ley establece que en edificios públicos, como el palacio municipal, sólo puede izarse la Bandera Nacional Mexicana, y hacerlo de otra manera puede ser considerado una falta administrativa.
Sustituir o colocar otra bandera en su lugar podría interpretarse como un acto de provocación política, con sanciones que incluyen multas de hasta 250 veces el salario mínimo o arresto de hasta 36 horas, según el artículo 56, pudiendo escalar a responsabilidad penal bajo el Código Penal Federal (artículos 191 y 192) si se ve como un ultraje a los símbolos nacionales, con penas de seis meses a cuatro años de prisión o multas de 50 a 3,000 pesos.
La legalidad del acto es cuestionable. Aunque la jurisprudencia ha permitido simbólicamente el izado de la bandera LGBT+ en astas alternas durante eventos culturales, como en el Mes del Orgullo, el uso de una asta oficial principal en una plaza cívica podría infringir la norma, abriendo la puerta a interpretaciones legales.
El Ayuntamiento defiende el acto como un ejercicio de derechos humanos, pero los opositores ven una imposición que desafía los símbolos patrios. Algunos municipios han evadido controversias izando la bandera en astas separadas o de forma temporal, evitando sanciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o autoridades estatales.
La comunidad LGBT+ celebra el reconocimiento, pero el enfrentamiento resalta la necesidad de un marco jurídico claro.
