Un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Hermosillo, Sonora, dictó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por su probable responsabilidad en el delito de omisión relacionado con el operativo Rápido y Furioso.
Este caso, llevado a cabo entre 2009 y 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón, involucró la introducción clandestina de más de 2,500 armas de fuego desde Estados Unidos a México por parte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con el objetivo de rastrear a integrantes del crimen organizado. La decisión revoca un fallo de enero de 2024 de la jueza Karina Almada Rábago, quien había ordenado su libertad al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes para vincularlo directamente con el operativo.
Los magistrados determinaron que, como alto mando en la Policía Federal durante la llamada ‘guerra contra el narco’, Cárdenas tenía la obligación de prevenir el ingreso ilegal de armamento, incluso sin evidencia concreta de su conocimiento específico del operativo.
La FGR presentó documentos, videos y testimonios que, según el tribunal, sugieren su posible negligencia, lo que justificó la reaprehensión. Cárdenas, quien fue mano derecha de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde ya enfrenta otro proceso por tortura contra integrantes de la banda Los Zodiaco. Esta nueva causa penal suma presión sobre su situación legal, aunque persisten dudas sobre la solidez de las pruebas y el alcance real de su responsabilidad.
El caso Rápido y Furioso ha sido controvertido, con críticas hacia la colaboración entre agencias mexicanas y estadounidenses, y acusaciones de que el operativo exacerbó la violencia al permitir que las armas cayeran en manos de cárteles, incluyendo el asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata en 2011.
Aunque la FGR insiste en que Cárdenas tuvo un rol clave, la absolución inicial y la falta de evidencia directa plantean interrogantes sobre si esta prisión responde a un ajuste de cuentas político o a una búsqueda genuina de justicia.
