Vaya que le ha llovido de todo al virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, nada más empezaron a trascender los resultados de la primera elección judicial que organiza México.
La gran mayoría lo felicitó por haber sido electo, de manera democrática, como integrante de uno de los 68 pueblos indígenas quien, además de su compromiso político, social e ideológico, ha destacado por sus aportaciones a la legislación indígena aprobada recientemente.
Sin embargo, Hugo Aguilar también tiene críticos y detractores, más allá de los bufones de la derecha que lanzan epítetos racistas en su contra. Destacan, además, personas activistas de Oaxaca e integrantes de la llamada sociedad civil, cuyos señalamientos el nuevo ministro tendrá que contestar, según sea ahora su talante, ya que a partir del 1 de septiembre estará al frente durante dos años de uno de los tres poderes de la unión.
La alusión más peligrosa a lo que estaría convocado a aclarar, para que no quede ninguna duda, está relacionada con las denuncias que en su momento presentó la abogada y activista secuestrada y asesinada, Sandra Domínguez. No creo que deba esperar. En materia mediática el tiempo tiene unas alas enormes.
El nuevo ministro presidente debe dar la cara para que no nazca manchada su gestión. Aunque sus asesores recomienden ignorar las críticas con la peregrina idea de que el tiempo borra todo, se sabe también que, ante una calumnia o un señalamiento directo, cualquier prestigio profesional o personal si no se mancha, por lo menos se tizna.
Abogado mixteco de 52 años, litigante de causas diversas, asesor de grupos y comunidades indígenas y rurales, con apenas 15 años en la función pública, Aguilar es egresado de la Universidad oaxaqueña; ganó el cargo con seis millones de votos, por encima de la favorita del electorado morenista, la actual ministra Lenia Batres. Fue el “caballo negro” que en un principio no estaba previsto que ganara o que obtuviera más votos.
Contó a su favor, la fallida estrategia de Batres de no contar con un electorado cautivo, como si lo tuvo Hugo, quien antes de competir ostentaba un cargo relevante en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo cual le permitió mostrarse en todas las comunidades indígenas y organizaciones sociales, bajo el emblema de “un ministro indígena en la Suprema Corte”, que fue más adecuado que “la ministra del pueblo”.
Su desempeño profesional en la organización Servicios del Pueblo Mixe (SER), siguiendo la escuela del fallecido Floriberto Díaz, al igual que su inseparable exjefe y amigo, Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, le valió el haber formado parte de un grupo de abogados convocados por la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante los aciagos años de Carlos Salinas de Gortari.
Tras confirmarse la lista de las y los 9 integrantes electos, en donde figuran hombres y mujeres de compromiso transformador, el litigante recibió desde la felicitación presidencial por su origen indígena y por representar causas justas, hasta el reconocimiento por parte de académicos, legisladores y del funcionariado que actualmente administra el poder central. Y hasta de gobernadores y demás políticos que ahora sí se suman al carro de la victoria de Hugo, si hasta hace poco, al menos en Oaxaca, se vanagloriaban de no sumar a sus filas a quien hubiera trabajado en el sexenio de Gabino Cué, como sucedió con el entrante presidente de la SCJN, quien desempeñó el puesto de subsecretario de derechos indígenas durante el periodo 2011-2016.
Promotor y operador de asambleas comunitarias para la aprobación de megaproyectos como el Tren Maya y el corredor transístmico, proyectos cuestionados por grupos de la sociedad, la suerte está echada a favor de Hugo Aguilar quien deberá demostrar que, bajo su conducción, en la Suprema Corte no habrá espacios para el amiguismo, el nepotismo y la corrupción. Por el contrario: su misión es aplicar justicia para todos, pero sin dejar de lado a los más débiles. Hagamos votos porque así suceda. Mientras tanto, Hugo Aguilar tiene el beneficio de la duda: deberá demostrar su honestidad, independencia y buen juicio, con hechos, pues estos valores intrínsecamente personales, están más allá de cualquier procedencia partidista y de clase.
@ernestoreyes14
