Registros extraoficiales documentan al menos 106 niñas, niños y adolescentes asesinados en 17 meses, desde septiembre de 2024. Algunos murieron en fuego cruzado; otros, en ataques directos contra sus padres y algunos más por cautiverios prolongados.
La violencia derivada de la disputa interna del Cártel de Sinaloa no sólo se mide en homicidios: también expulsa, rompe familias y transforma la infancia en un territorio de sobrevivencia. A este escenario se suma el desplazamiento forzado interno, que obliga a familias completas a abandonar su vida de un día para otro.
Parte de guerra:
Más de 100 menores asesinados
Desapariciones sin registro de adolescentes de 13 a 17 años
Reclutamiento y cautiverio forzado documentado
Más de 90 adolescentes detenidos por delitos mayores
De acuerdo con José Carlos González Alarcón, dirigente de la organización Human RIGTH México, el fenómeno ha escalado en el sur del estado. Actualmente registran 1,547 familias desplazadas en Mazatlán, provenientes de comunidades de Rosario, Concordia y San Ignacio, así como de otros estados como Guerrero, Zacatecas y Veracruz.
El registro de niñez afectada incluye: 820 niñas y niños y 234 adolescentes. Entre los casos documentados se reportan agresiones físicas y sexuales, trata de menores, uso de menores en actividades delictivas, depresión, riesgo suicida, enfermedades graves y trauma severo por exposición a violencia armada.
Hay menores que no pueden convivir socialmente; el trauma por las bombas los marcó.
En el caso de dos niños de la comunidad de El Naranjo, en Concordia, quedaron solos tras el asesinato de sus padres. La familia había aceptado regresar a su comunidad bajo promesas de seguridad, pero al volver, los adultos fueron ejecutados. Los menores fueron enviados en un autobús desde la sierra hasta la central camionera, sin acompañamiento institucional.
Otro caso extremo documenta a un niño desplazado junto a sus hermanos. Su madre fue víctima de violencia sexual y permaneció retenida durante dos semanas en un cuarto donde había múltiples cuerpos sin vida. El menor fue rescatado en condiciones críticas y vivió en una vivienda abandonada donde una carretilla funcionaba como cama. El niño falleció tiempo después.
La organización reporta 9 denuncias penales sin avance, además de otros casos que no se denuncian por falta de credibilidad en las autoridades. Ante la falta de respuesta institucional, la asociación civil ha intervenido en la reinserción escolar de más de 600 menores y la gestión de 160 cirugías anuales.
La doctora Jhenny Judith Bernal Arellano, directora del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, advierte que el fenómeno dejó de ser focalizado: “Antes ocurría en ciertos estados; hoy se ha extendido. En el caso de Sinaloa, el principal factor del desplazamiento es la violencia”.
Desde septiembre de 2024, el desplazamiento interno ha crecido sin una política pública integral, trasladando la responsabilidad a organizaciones civiles, mientras las infancias quedan expuestas a efectos prolongados de violencia estructural. Cuando una familia huye, la infancia también se desplaza y fractura; cuando el miedo se vuelve cotidiano, el daño deja de ser coyuntural y se convierte en herencia.
Fuente: SEMMÉXICO