* Proyectos del Presidente de la República en riesgo, no quedarían al margen de inconformidades
Muertes, desapariciones y decenas de personas heridas, así como comunidades enteras lastimadas han ocasionado los más de 400 conflictos latentes en el Estado de Oaxaca, donde al menos 7 millones 784 mil 695 hectáreas de un total de 9 millones 536 mil 400, corresponden al régimen de propiedad comunal y ejidal.
De acuerdo al documento presentado en octubre del 2018 por Efraín Solano Alinarez en el Foro por la Paz y actualizado recientemente denominado “Los Conflictos Agrarios en Oaxaca, Fuente Generadora de Violencia e Ingobernabilidad” sólo durante los 2 primeros años del actual Gobierno Estatal, se registraron 60 muertes de personas víctimas de la violencia por los conflictos agrarios.
Destacan las recientes inconformidades que fueron planteadas durante la visita del Presidente a Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador como la falta de solución al conflicto entre Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, además de las demandas propias de sindicatos, trabajadores de la educación, de salud y de comunidades indígenas.
Precisa que sólo el 18.37 por ciento del territorio estatal puede catalogarse como propiedad privada, lo que explica la “permanente” conflictividad que se registra en el estado motivada principalmente por la defensa del territorio, con una población de 3 millones 801 mil 962 habitantes.
Solano Alinarez resalta que los conflictos agrarios surgen precisamente a partir de la composición pluricultural y pluriétnica que hay en Oaxaca, por la contradicción de derechos que se manifiesta en la lucha de quienes no han logrado acreditar lo reclamado y buscan con sus títulos primordiales acreditar las tierras que pretenden, a lo que se suma el crecimiento desordenado de asentamientos humanos que lo hicieron en líneas de colindancias.
Señala que casos particulares son el conflicto entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera donde de acuerdo a la Ley Agraria es competencia exclusiva de la asamblea de ejidatarios y en su caso, de tribunales agrarios así como de los más álgidos, el de quienes se ostentan como pequeños propietarios con comuneros que se amparan con una Resolución Presidencial en Los Chimalapas.
Menciona Efraín que otros conflictos más son los del Istmo de Tehuantepec donde el capital extranjero en complicidad con el Estado ha logrado la concesión de grandes extensiones de territorio y suscrito convenios ventajosos dejando en la indefensión a los verdaderos dueños de las tierras.
“Otro factor que explica la manifestación de los conflictos se encuentra en las contradicciones internas entre los grupos de poder y la falta de coordinación entre las tres instancias de gobierno que olvidan la corresponsabilidad institucional que debe existir en la integración de lo que debe ser el Estado Mexicano”, dice.
Recomienda que para lograr la gobernabilidad de Oaxaca se requiere romper con la pasividad, ineficacia y perversidad política de los gobiernos federal y estatal, lo que no es fácil si funcionarios actúan en relación al “costo-beneficio político” de sus acciones.
Sólo cinco de los conflictos donde existe zozobra son: 1.- San Sebastián Nopalera contra Zimatlán de Lázaro Cárdenas; 2.-Santa María del Mar con San Mateo del Mar; 3.-San Mateo Yucutindoó contra Santiago Amoltepec; 4.-San Francisco del Mar contra San Francisco Ixhuatán; 5.-Los Chimalapas contra los ganaderos y talamontes.
En el apartado de muertos y heridos, Efraín Solano enlista: 4 muertes en enero del 2017, 1 persona herida, además de 800 personas desplazadas; 10 muertes en febrero, 3 heridos y 1 desaparecido; 1 herido en marzo; 5 muertos y 8 heridos en abril; 3 muertos y 6 heridos en junio; 6 muertos, un herido y 3 desaparecidos en diciembre.
En 2018 en febrero 5 muertos y 2 heridos; en abril 1 muerto y 7 heridos; 1 desaparecido en mayo; 17 muertos y 4 en julio; en agosto 12 muertos y 15 heridos.
En total, resalta, se han registrado 60 muertos y 7 desaparecidos en sólo dos años, a lo que se suman viudas y huérfanos víctimas de esos conflictos agrarios en sólo dos años de la actual administración estatal.
Proyectos del Presidente, en riesgo
Efraín Solano asegura que a los conflictos ya existentes, si no existe una buena estrategia de atención, se sumarían las inconformidades que surjan a partir de los dos nuevos proyectos para Oaxaca del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el del Corredor Transítmico que implica la afectación del territorio de los pueblos originarios y el del Desarrollo Minero donde debe considerarse este rubro pues los pueblos son celosos del cuidado del medio ambiente y la preservación de sus territorios.
“En Oaxaca con seguridad podemos aseverar que el triunfo o el fracaso de las metas sociales del gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, dependerá de sus respuestas y resultados que brinde los conflictos agrarios”, puntualiza.
Efraín Solano propone acciones políticas y administrativas como: La coordinación estrecha con los Tribunales Agrarios, quienes deberán convalidar los convenios que lleguen a pactarse y previa calificación se eleven a cosa juzgada para que se ordene al RAN la inscripción de los planos que confirmen la superficie de cada núcleo agrario; la vinculación con el Gobierno del Estado tendrá que ser de respeto y de complemento que debe partir del reconocimiento de la problemática de la tenencia de la tierra como asunto del ámbito federal y estatal.
Además, identificar, con base en la consulta de los archivos de las instituciones agrarias federal y estatal y en estudios sociológicos y antropológicos, los conflictos más graves y sus alternativas de solución en el corto y mediano plazo; debe decretarse un fondo permanente disponible para atender los conflictos en vías de solución en cualquier fecha del año y entender que los conflictos agrarios son conflictos sociales y no policiacos por lo tanto debe revisarse las atribuciones legales y evaluar las fortalezas y debilidades de los organismos agrarios existentes para rediseñarlos o, en su caso, designar a una coordinación interinstitucional que se responsabilice de la atención y solución de todo tipo de conflictos agrarios.