Constantino de Jesús Valeriano, coordinador general del Movimiento Unificador Democrático Sindical (MUDS), exigió a las autoridades que corresponda, una auditoría al Comité Ejecutivo actual que encabeza Juan Ignacio Cruz Villavicencio y de cuatro administraciones atrás en el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).
Expresó que su sindicato está en estado de indefensión normativa porque el estatuto que lo rige es de 1978, tiene 40 años de vigencia y es obsoleto, con 57 artículos fijos está rebasado ante las necesidades de la base trabajadora que en un inicio eran 300 y que ahora suman 11 mil 500.
Dijo que esta situación, se le suma que los comités ejecutivos actúan fuera de las normas estatutarias y de toda ley, lo que ha llevado al debilitamiento del sindicato en donde quienes los dirigen sólo buscan sus beneficios personales dejando en la indefensión los derechos de los trabajadores.
Explicó que la dirigencia de Juan Ignacio Cruz está convocando a asamblea a cien trabajadores, en Zacatlán, Puebla, para reformar los estatutos, cuando para ello es necesario al menos de tres cuartas partes del total de los afiliados.
Constantino de Jesús destacó que la base trabajadora no debe dejarse confundir y al Comité Actual le hace un llamado a lanzar la convocatoria para la asamblea y reformar el estatuto orgánico sindical haciendo valer el derecho de todos los trabajadores y todas las trabajadoras que integran el sindicato.
“Ya basta de tomar al sindicato como fuente de enriquecimiento personal, que es lo que tanto daños nos ha hecho por varias administraciones como son las de Joel Castillo, Víctor Manuel Hernández Bustamante, Juan Rafael Rosas Herrera y Felipe Noel Cruz Pinacho”.
Expresó que a varios meses de haber tomado protesta como dirigente, Juan Ignacio Cruz Villavicencio, tampoco ha informado del estado financiero en el que recibió el STPEIDCEO ni el estado en el que actualmente se encuentra, cuando se estima que en promedio reciben al menos un millón 200 mil pesos de las cuotas sindicales, independientemente del recurso que reciben del Fondo de Protección Mutual del que cada año les descuentan a los trabajadores el 3 por ciento de su salario y el gobierno estatal aporta el 5 por ciento.