*Piden dar marcha atrás a la reforma de Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Afecta a 30 empresas de la entidad y un promedio de 21 mil empleos directos e indirectos le Ley que propone como medida preventiva la prohibición de los envases de PET, unicel y de polietileno, específicamente los de un solo uso, a todas las dependencias y entidades de los tres poderes de gobierno del estado, afirmaron empresarios de la entidad.
Dirigentes de la Cámara Nacional Mexicana de la Transformación y Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, pidieron a legisladores locales dar marcha atrás a la ley, aprobada hace aproximadamente un mes, donde se agregó un artículo a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
Carlos Guzmán Gardeazabal, presidente de la Canacintra, dijo que faltó un análisis de costo- beneficio del impacto que tendrá la ley, que no fue pensada ni analizada, aprobada “sobre las rodillas”.
Indicó que hicieron una ley que prohíbe, en lugar de ir generado una cultura para separar los residuos sólidos, entonces hay muchas cosas que hacer antes de aplicar una ley como ésta, que afecta al último eslabón que es el consumidor.
Asimismo, representantes de la Canacope informaron que están en desacuerdo con la aprobación, por lo que piden al Congreso del estado su reconsideración, pues en ningún momento se analizaron las consecuencias como son las afectaciones a empresas que generan fuentes de empleo en la entidad.
Informaron que están a favor de la regulación pero para ello hay que considerar a representantes de la sociedad civil, empresarios, expertos en en medio ambiente, hacer foros, pero previera que a veces resulta más fácil hacer iniciativas de prohibición.
“Es verdad que una bolsa de plástico dura años en destruirse, pero también se puede aprovechar eso para convertirlas en una mesa, una silla, un tóper, pues todo puede ser reutilizable. Se pueden hacer muchos trabajos pero unidos todos”, insistieron.
Finalmente, los empresarios anunciaron que harán uso de recursos legales como amparos hasta que legisladoras y legisladores locales los escuchen y tomen decisiones más acertadas.