Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa usurpan funciones; Alfredo Lagunas Rivera, “la mano que mece la cuna”

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¡Qué enredo legal!

El que se traen con el nombramiento de un nuevo magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa.

Es la hora que la 64 Legislatura del Estado de Oaxaca a cargo de Laura Estrada Mauro y la presidenta de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, Elisa Zepeda Lagunas, no sacan el tema, lo mantienen congelado.

Como es del conocimiento público, en fechas pasadas se puso en evidencia la existencia de una confabulación entre el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Magistrado Adrián Quiroga Avendaño y el ex magistrado Hugo Villegas Aquino, quienes hacen todo lo posible por conservar privilegios sin importarles violar flagrantemente la ley.

Para que tengan una idea clara de lo que se afirma, es necesario señalar que por decreto 564 de fecha 7 de julio del 2011, y fecha 6 de julio de ese mismo año, se designó a Hugo Villegas Aquino como Magistrado integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, designación realizada por un periodo de 8 años con posibilidad de ratificación (no obligatorio).

Por lo tanto, la fecha de conclusión del periodo para el cual fue designado, feneció el 6 de julio del 2019, sin embargo, Hugo Villegas Aquino se niega a dejar el cargo que ya claudicó y sobre el cual, por confesión expresa del mismo, se sabe le fue negada la ratificación, pero en base a artimañas legales, pretende hacer valer la ratificación tácita, sin que resulte procedente la pretensión del ex magistrado.

Las artimañas legaloides que quiere hacer valer es que ha operado a su favor la ratificación/reelección tácita, con motivo de que señala falta de respuesta a su solicitud de ratificación al cargo, promoviendo el referido ex magistrado, un juicio de amparo entre otras cosas.

Todo ello contra la designación de un nuevo magistrado, contra la orden verbal o escrita girada por el Ejecutivo del Estado para no concederle su ratificación/reelección al cargo de Magistrado, expediente tramitado en el Juzgado Novenode Distrito y al que le correspondió el número 576/2019, mismo en el que le negaron tanto la suspensión provisional como definitiva.

Lo cual quiere decir que el ex magistrado promovió contra su no ratificación, es porque conoce que sí hubo una respuesta a su solicitud.

Ahora bien.

Sobre la ilegal pretensión del ex magistrado Hugo Villegas Aquino, respecto a que según él se ha configurado su ratificación/reelección tácita, ¿qué creen?… la misma resulta improcedente, porque para que ésta prosperara, se necesita un requisito indispensable  y este es que no exista respuesta a su petición.

Sin embargo, es de pleno conocimiento del suscrito, que existe confesión expresa del ex magistrado Hugo Villegas Aquino, en un escrito de su propia manufactura que fue presentado con fecha 5 de julio de 2019, ante el Juzgado Noveno de Distrito, escrito que consiste en ampliación de demanda de amparo, mismo en el que expresamente confiesa tener conocimiento de la respuesta a su escrito de solicitud de ratificación, y cita a la letra lo siguiente:

“El día de hoy (4 de julio de 2019), al salir del Tribunal y siendo aproximadamente las 15 horas con 56 minutos, recibo una llamada de mi secretaria particular, Licenciada Indira Cervantes Cruz, quien me manifestó que en las oficinas del Tribunal, se encontraba una persona que sin identificarse, dijo ir por parte del Congreso del Estado, y en especial por parte de la Presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, y que me buscaba, porque tenía instrucciones de notificarme una determinación de parte de la Presidenta de la citada Comisión antes señalada, en la cual manifestó en forma verbal, que se me notificaba la negativa de ratificación”.

Como puede apreciarse existe confesión expresa del ex magistrado Hugo Villegas Aquino, de que previo a que feneciera el periodo para el que fue designado, es decir, con fecha 4 de julio de este año 2019 (su periodo vencía el 6 de julio de 2019), tuvo conocimiento en el domicilio que señaló para recibir notificaciones y por medio de su secretaria particular, de la determinación emitida con motivo de su solicitud, sin que sea obstáculo para la notificación el hecho de que por artimañas legales se hayan negado a recibir la notificación.

El magistrado Villegas Aquino en contubernio con el magistrado Quiroga Avendaño, denunciaron que la 64 Legislatura violaría la jurisprudencia de observancia obligatoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque el Congreso no ha emitido el dictamen de evaluación para la ratificación de al menos cuatro magistrados, razón por la que procedió la reelección o ratificación tácita, según ellos.

Pero legalmente no opera la jurisprudencia que invoca Hugo Villegas, respecto a la ratificación tácita, porque la misma requiere la ausencia de respuesta a su solicitud y como se ha señalado, el ex magistrado confiesa expresamente haber tenido conocimiento de la respuesta a la misma, documental que en el argot legal se dice que hace prueba en contra del que lo suscribe.

Y cómo ven, que al tener la certeza de la no procedencia de la ratificación tácita, el ex magistrado Hugo Villegas, ahora en complicidad con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Adrián Quiroga Avendaño, el referido presidente de dicho Tribunal, con fecha 10 de julio de 2019, emitió en forma ilegal, un acuerdo en el que sin estar facultado para ello, ordenó girar oficio al Congreso del Estado para que se abstenga de aprobar o ratificar cualquier nombramiento que haga el Ejecutivo del Estado.

En el oficio TJAO/P/36/2019, fechado al 11 de julio, Quiroga Avendaño, notifica al Congreso del Estado -con base en una interpretación errónea de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y basada en una legislación secundaria anterior a la vigente que rige el Poder Judicial- que ha operado a favor de Villegas Aquino la reelección tácita.

No obstante, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, incurre en violaciones sistemáticas a la Constitución Política, por no verificar la vigencia de las designaciones de los magistrados de ese órgano jurisdiccional, omisión que constituye una violación a lo ordenado por la Constitución Política de Oaxaca, en sus artículos 101, 102 y 111.

Sin embargo, Señor Quiroga ¿no cree Usted que resulta necesario precisar en los acuerdos que dicta, el artículo que le otorgue las facultades para pretender invadir la esfera de competencia tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo del Estado?

Además de que en el acuerdo en cita, no expresa cuál es el artículo y qué ley lo faculta para por sí mismo, determinar la reelección de un magistrado, porque se supone que Usted es perito en la materia y que se sepa, no existe una ley que lo faculte para ello, y hacerlo ¿no es acaso un delito?

Lo que es la ambición, porque llegar al extremo de usurpar funciones de dos poderes del Estado, es gravísimo, de ahí la duda sobre qué beneficios obtendría el magistrado Quiroga del magistrado Hugo Villegas como para atreverse a violentar la ley.

Si la propuesta que hace el Ejecutivo del Estado para nombrar como nuevo magistrado a Raúl Palomares Palomino, actual Tesorero de la Secretaría de Finanzas, no cumple con los requisitos de ley para el cargo, tan sencillo como que el Congreso del Estado decida y lo rechace, porque el asunto está en su cancha, pero no se puede permitir que se violente la ley usurpando funciones de dos poderes del estado.

¡Es el colmo de la desfachatez!

En este tema del Tribunal de Justicia Administrativa, nos confirman que quien está detrás de todo el embrollo legaloide es nada menos que el ex presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, es la mano que mece la cuna y para ello utiliza a tres magistrados, a Adrián Quiroga Avendaño, Hugo Villegas Aquino y Enrique Pacheco Martínez, que son afines a su grupo político.

Estos tres magistrados traen un conflicto de interés y les vale un comino pasarse por alto lo que marca la ley.

Y también hay qué decirlo, ¿alguien sabe qué ha hecho sobre este grave asunto el flamante consejero jurídico del Gobierno del Estado, José Octavio Tinajero?…Tal parece que sigue en pañales, porque si jurídicamente hubiera hecho bien las cosas, no tendrían estas broncas.

Finalmente, se los dejamos como reflexión, si por amiguismo o por interés, estos dos magistrados “Adrián and Hugo”, se atrevieron a violar la ley, usurpando funciones, qué se puede esperar de ese tipo de funcionarios, en juicios –por ejemplo- que impliquen  montos importantes de dinero.

Se los dejamos de tarea a los encargados de combatir los actos de corrupción, no sería mala idea revisar lo que hacen estos dos magistrados.

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