“Abrogación de la mal llamada Reforma Educativa, sus leyes secundarias, el Decreto que reforma al IEEPO, la Ley Estatal de Educación y la exigencia de la reparación integral de los daños ocasionados por la Política Neoliberal”, se lee en la demanda central del pliego petitorio entregado por el magisterio oaxaqueño al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
El pliego petitorio 2019, entregado por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y fue entregado el 1 de mayo después de una marcha por el Día del Trabajo, y está dirigido al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa.
También solicitan garantizar la atención de los alumnos que reciben Educación Especial a través de las diferentes modalidades como son USAER, CAM, UOP. Enlistaron también demandas políticas, de justicia, administrativas-laborales y sindicales.
Dentro de las demandas políticas piden la desaparición de los módulos irregulares de la Sección 59 y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) y la reinstalación a su centro de trabajo de docentes cesados a partir de la imposición del decreto que reformó al IEEPO en el 2015.
En demandas de justicia piden reparación integral y castigo a responsables de crímenes ocurridos el 19 de junio del 2016 en Asunción Nochixtlán; libertad de presos políticos y cancelación de órdenes de aprehensión; presentación con vida de profesores desaparecidos y justicia por los 6 asesinatos ocurridos en los últimos seis meses, de docentes de la Sección 22.
Respecto a demandas de mejoramiento social para alumnos de educación pública, piden becas estatales, seguros médicos gratuitos, incremento del programa de uniformes y útiles escolares desde nivel inicial hasta el medio superior, dignificación de albergues escolares e internados, programa estatal de desayunos locales, nutritivos y balanceados, reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos del 2017.
En lo relativo a temas administrativos-laborales, exigen reinstalación inmediata de docentes cesados a partir de la Reforma Educativa; pago inmediato de trabajadores a quienes se les retiene de manera ilegal sus salarios; solución a las 5 mil 517 incidencias administrativas, laborales, económicas y daños colaterales; contratación inmediata de personal de base en escuelas de comunidades marginadas; regulación de claves y un techo presupuestal financiero para prestaciones administrativas; una mesa central federal con el nivel medio superior; pagos de bonos y apoyos por días festivos.
Para el rubro de demandas económicas exigen incremento salarial del cien por ciento; devolución inmediata de descuentos indebidos; cancelación de convenios fraudulentos que operan instituciones educativas en cuanto a préstamos personales con descuentos vía nómina; devolución de ahorros con intereses generados; pagos por adeudos de los organismos auxiliares.
El magisterio también enlistó demandas en lo relativo a seguridad social: mejora en la atención de servicios médicos; construcción de hospitales regionales y microregionales; abastecimiento de medicamentos; subrogación de recursos económicos para satisfacer todas las necesidades médicas; reactivar tiendas ISSSTE con precios por debajo de tiendas transnacionales; incremento del número de créditos del ISSSTE; incremento al cien por ciento de créditos para la vivienda; un programa estatal de construcción de viviendas dignas para todos los trabajadores de la educación de la sección 22; pagos de prima de antigüedad de 17 mil 498 jubilados, así como pagos de bonos y jubilación digna de los mismos.
Sus demandas sindicales son: descongelamiento y depósitos de todas las cuitas sindicales de la base trabajadora y habilitación de cuentas personales de docentes; devolución de aportaciones de cuotas sindicales; regularización del estatus legal de todos los edificios de la sección 22; un parque vehicular para secretarías de la sección y puedan realizar gestiones sindicales; reconocimiento de la bilateralidad; desaparición de grupos de choque.
En el apartado de demandas educativas exigen: mesa educativa y teco financiero para el seguimiento del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca; creación y operatividad del Instituto Autónomo de Investigaciones; respeto a los proyectos educativos alternativos regionales; abrogación del artículo que elimina la licenciatura en educación especial; reconocimiento oficial y validez de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO).
Por último, en demandas sociales exigen el cierre de expedientes jurídicos del fuero común creados como mecanismos de represión; atención a demandas laborales de diferentes sindicatos; repudio a la imposición del actual defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO); destitución y cárcel para José Manuel Vera Salinas, actual secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; justicia para víctimas de feminicidios, desapariciones forzadas y asesinatos; alto a la criminalización de la protesta social y que se agilicen las investigaciones y acciones en cada uno de los casos de desaparecidos de la Sección 22 y familiares.